El drama de nuestra justicia

El drama de nuestra justicia

Francisco Bernate Ochoa

Coordinador del Área de Derecho Penal de la Universidad del Rosario

Twitter: @fbernate

Al comenzar el presente periodo presidencial era frecuente encontrar, en medio de una impresionante puesta en escena, anuncios sobre descubrimientos de espantosos casos de corrupción, siempre aparejados de cifras impresionantes, promesas de mano dura y la inminencia de capturas, siempre en masa.

Ello terminó en una serie de procesos judiciales, todos llenos de inocentes capturados, rodeados de un grotesco espectáculo mediático y cuyos resultados se han ido presentando en el tiempo, mostrando que lo que se nos informó como grandes episodios delictivos, en realidad poco tenían de tales.

El clamor por una justicia no tanto pronta como apresurada, y la estrechez de mente al considerar que justicia es igual a cárcel, conllevó a un peligrosísimo cambio de paradigma en el acontecer colombiano, que ha generado resultados verdaderamente espantosos y que tiene a nuestro Estado en la ilegalidad internacional, al desconocer todos los pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos.

Así, cada que uno de los denominados órganos de control se hacían notar al destapar una supuesta olla podrida, pronto venían los clamores por encarcelamientos masivos, reproches por la existencia de garantías judiciales en contra de quienes eran condenados ante los medios y encarcelados mediante argumentos baladíes y absolutamente reprochables, como su nivel de erudición o la tenencia de un pasaporte.

El designio pronto mostró la peor de las coincidencias que marcaría nuestro destino en los tiempos actuales y en los que están por venir. Mientras la sociedad clama por una justicia rápida, nuestras autoridades encontraron que el encarcelamiento preventivo daba la imagen de una justicia pronta, eficiente, y que lo más rentable a los ojos de la opinión pública era encarcelar a aquellos por cuya sangre clamaba la galería. Ya luego se miraba cómo avanzaba el proceso, pero había que encarcelar, y encarcelar rapidito.

Y es así como quienes a diario caminamos los pasillos de los juzgados de nuestro país tuvimos que ver cómo la Fiscalía General de la Nación llegaba a audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento con un caso apenas en un estado embrionario. La laxitud con la que se evaluaron los argumentos y la terrible práctica de parte del ente acusador de investigar penalmente a todo aquel que no le dé la razón, conllevaron a un hacinamiento penitenciario aterrador.

Pero, como para las verdades el tiempo, con el devenir de los días estas personas fueron recuperando su libertad –nunca su honra, ni la tranquilidad– por la vía del vencimiento de términos, y hemos tenido que presenciar juicios en los que se pueden ver claramente las debilidades en las posturas del acusador, fruto de investigaciones maduradas antes de tiempo. Es por ello que, a hoy, ninguno de esos megaescándalos ha terminado en nada, salvo en la ruina personal de inocentes cuya vida se cegó de manera irresponsable.

Ante las debilidades investigativas fruto siempre del deseo de “cumplirle al país”, se ha vuelto frecuente acudir a la colaboración de personas que, habiendo violado las leyes, de la noche a la mañana pasan de ser enemigos del Estado para convertirse en sus mejores aliados contra el crimen. Es el Estado combatiendo el delito a través de quienes se han beneficiado del mismo, que de la noche a la mañana reciben el bálsamo de la verdad y, con autoridad suprema, señalan sin piedad tanto a culpables como inocentes. Lo grave no es que señalen, sino que en nuestro país se volvió costumbre creerle al bandido y cuestionar a quien ha tenido una vida recta.  Los ejemplos abundan.

Entre tanto, habrá que decirle al señor Procurador que, antes de interponer un recurso, hay que conocer las providencias que se van a recurrir. Este terrible episodio me recuerda a un colega que, alguna vez, en una de sus primeras intervenciones, recién empezando el proceso señaló: “Interpongo, desde ya, recurso de apelación contra toda providencia que me resulte desfavorable”.

Tomado de : Ámbito Juridico

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