No renunciaremos al legítimo derecho de la defensa ni al acceso a una segunda instancia

No renunciaremos al legítimo derecho de la defensa ni al acceso a una segunda instancia

La defensa de la Senadora Piedad del Socorro Zuccardi de García, se permite precisar a los medios de comunicación, que no tiene conocimiento oficial que se hubiese emitido una resolución de acusación o llamamiento a juicio en contra de la defendida.

El día lunes el suscrito defensor estuvo en la secretaría de la Corte hasta el cierre de la atención al público y se nos informó que el proceso se encontraba al despacho desde el 23 de septiembre de 2013.

Ayer, 22 de octubre de 2013, nuevamente me presenté sobre las 9:00 a.m. con el fin de notificarme y conocer la decisión de la cual hablaban los medios de comunicación y se me informó que la misma no había sido emitida, razón por la cual dejé la constancia de ese hecho y radiqué una solicitud de libertad por vencimiento de términos.

En horas de la tarde supe que la Corte Suprema de Justicia, a través de uno de sus notificadores, estuvo en el Centro de Reclusión de la Doctora Piedad Zuccardi realizando el acto de notificación de la acusación; sin embargo, al revisar dicha decisión advertí que se había entregado a mi defendida un documento en medio magnético sin firmas de los magistrados ni del secretario de la Corte.

Es decir, lo que conoce la defensa de la decisión es un proyecto o minuta que no tiene validez jurídica por falta de la firma de los Honorables Magistrados.

A la fecha no se sabe cuál fue la mayoría y si existen salvamentos o aclaraciones de voto de dicha decisión. La defensa quiere expresar a la opinión pública, que la Senadora Piedad Zuccardi, no ha traicionado el voto de confianza de sus electores; es una congresista de comportamiento ejemplar y como lo demuestra la evidencia que reposa en el expediente, nunca se ha reunido con grupos paramilitares para pactar acuerdos de promoción o auspicio de los mismos.

La decisión conocida por los medios de comunicación es sorpresiva para la defensa, situación que legal, constitucional e internacionalmente, y así aparece en los tratados de derechos humanos acogidos por Colombia, está prohibido. Aunado a lo anterior, el proceso muestra actuaciones cuestionables de los funcionarios del CTI asignados al caso.

La defensa está preocupada por el equipo de investigación del CTI porque sus informes carecen de objetividad, tal y como se le ha informado reiteradamente a la Corte Suprema de Justicia. Por ellos, solicitamos a los Honorables Magistrados titulares revisar con lupa todas las actuaciones dentro de la investigación seguida a la senadora Piedad del Socorro Zuccardi de García.

No hay duda que este es un juicio jurídico con impacto político y la prueba es que producto del mismo, el partido de la U ha perdido una de sus principales voces en el Congreso de la República.

Con el respeto que debe guardarse por las Instituciones del Estado, no renunciaremos al legítimo derecho de la defensa ni al acceso a una segunda instancia. Recurrimos a los organismos internacionales de Justicia para que el Estado colombiano cumpla con los acuerdos internacionales que ha firmado y permita a la justicia una segunda instancia para los parlamentarios colombianos y el aseguramiento de un debido proceso.

William Adán Rodríguez Castillo, abogado defensor de Piedad Zuccardi

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Categories: Ruedas de prensa