Resumen ejecutivo del proceso

Resumen ejecutivo del proceso

La Corte Suprema de Justicia, con providencia del 28 de abril de 2010, compulsó copias para investigarme por el delito de concierto para delinquir agravado, consagrado en el Artículo 340, inciso segundo de la Ley 599 de 2000, del proceso matriz 26625, denominado ‘Parapolítica’, concretamente por declaraciones del exjefe paramilitar Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’. El 28 de junio de 2010 se dispuso la apertura de investigación previa conforme a la Ley 600 de 2000 y el 11 de febrero de 2011 se ordenó la apertura de investigación y mi captura con fines de INDAGATORIA, de la cual me enteré a través de los medios de comunicación, en momentos en que encontraba fuera del país, cumpliendo un compromiso de carácter familiar . Mi presentación voluntaria, tuvo lugar el 23 de febrero de 2013, luego de las gestiones realizadas por mi abogado defensor con la Fiscalía General de la Nación, fecha desde la cual me encuentro privada de la libertad en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional, CESPO. Mediante auto de fecha 17 de marzo de 2014, la Corte señaló como fecha y hora para audiencia preparatoria el 30 de abril de 2014 a las 2:00p.m., para efectos de resolver las peticiones formuladas durante el traslado previsto en el Artículo 400 de la Ley 600 de 2000.

Como se dijo, la etapa de investigación preliminar, se adelantó entre el 28 de junio de 2010 y el 11 de febrero de 2013, allí se trasladaron numerosas pruebas testimoniales y documentales procedentes de diversos procesos adelantados por la misma Corte Suprema de Justicia y aunque mi defensa en ningún momento tuvo la oportunidad de controvertirlas, tales pruebas no me vinculan en ningún aspecto con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC .

De igual forma, al expediente se anexaron los resultados de inspecciones realizadas por las investigadoras del CTI de la Fiscalía, a procesos, libros o documentos a las que no se permitió la intervención o presencia de mi defensor, pese a que desde el 19 de julio de 2010, solicitó que se le informara con la debida antelación hora y lugar en las que se practicarían las mismas, petición que fue negada mediante autos del 29 de julio de 2010 y 11 de junio de 2013 .

La Corte Suprema de Justicia trasladó del expediente del exsenador Javier Cáceres Leal, la declaración del jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, ante la insistencia de mi defensa para controvertir tal declaración se fijó como fecha el día 20 de marzo de 2012 y nunca se me entregó el texto de la declaración trasladada, razón por la que mi defensa solicitó la suspensión de la diligencia y debió ser reprogramada para el 27 marzo de 2012, diligencia en la que señaló que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso no me conoce y que la referencia de mi esposo, Juan José García, fue de oídas.

Para demostrar que con mi gestión en el Congreso de la República jamás favorecí las actividades de grupos ilegales, mi defensa aportó la información relativa a mi gestión parlamentaria, sin ningún análisis en auto del 21 de marzo de 2012, tales medios de prueba fueron inadmitidos por inconducentes, ordenando su desglose del proceso, situación evidentemente violatoria del principio de la investigación integral que condiciona al juez a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable a los intereses del investigado.

Igualmente, desde el 19 de noviembre de 2010, solicité que se me escuchara en versión libre y espontánea, pero solo 16 meses después se fijó fecha para la misma, mediante auto del 23 de marzo de 2012.

Desde el 28 de noviembre de 2012, solicité pruebas técnicas para demostrar el origen de las votaciones en la que resulté elegida como parlamentaria, pero solo fueron recepcionadas en julio de 2013, esto es, siete (7) meses después.

El testimonio del desmovilizado paramilitar Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, sobre el cual se estructuró la investigación que hoy me tiene privada de la libertad, programado para el 22 de noviembre de 2010, solo fue practicado el 17 de junio de 2013, es decir, 31 meses después.

Para 11 de febrero de 2013, fecha en que se ordena la apertura de instrucción y se libra orden de captura en mi contra con fines de indagatoria, como se explicó, sólo se había podido controvertir el testimonio del paramilitar, Salvatore Mancuso Gómez, que me es favorable y los testimonios de descargo de los doctores Víctor G. Ricardo, excomisionado de Paz y la doctora Janeth Suárez, exasesora de la Presidencia del Senado de la República, que certificaron la institucionalidad de las reuniones sostenidas con los jefes de grupos armados ilegales en el año 2000.

El representante del Ministerio Público, en escrito del 12 de junio de 2012, le solicitó a la Corte Suprema de Justicia, inhibirse de abrir investigación argumentando que: “(…) 2.10. De la síntesis probatoria reseñada, vista en su conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica, es claro que no se vislumbra, indicios o prueba alguna que permita considerar que la senadora PIEDAD ZUCCARDI, tuvo relaciones con las autodefensas y menos aún que haya celebrado algún tipo de pacto o acuerdo con grupos al margen de la ley, para efectos de optimizar su caudal electoral y garantizar una curul en el Senado de la República en favor del paramilitarismo, pues, las referencias que se hacen de su supuesta participación en reuniones con dirigentes de estas organizaciones de autodefensa, concretamente, con las denominadas “A.U.C.,, pierden credibilidad al provenir de dichos que demandan la corroboración de terceros que cuando fueron citados para confrontar esas aseveraciones no las corroboraron, tal como lo hacen SALVARE MANCUSO, en relación con declaraciones que el mismo rindiera y JUANCHO DIQUE, respecto a las afirmaciones NEVER, EDWAR COBOS TELLEZ ,y EL CHINO.

Es evidente que la sospecha de mendacidad que circunda la credibilidad de los testimonios rendidos por personal al margen de la ley, bien pueden ser disipadas en la medida que sus afirmaciones encuentren respaldo en la fuente de la que afirman emanar; pero cuando ocurre lo contrario, esto es, que pese a que sus aseveraciones no cuentan con su conocimiento directo sino de oídas, pero ilustran el origen de su atestaciones, imperativo resulta que la fuente originaria corrobore dichas afirmaciones, pues el supuesto hecho se desvirtúa, quedando en el campo de las suposiciones e incluso, especulaciones, de las cuales no es posible ningún juicio valedero sobre su credibilidad.” Pero en auto del 28 de noviembre de 2012, contrariando la realidad procesal la Corte Suprema niega la solicitud.

Estoy privada de la libertad desde el 23 de febrero de 2013, sólo tres días después, es decir el 26 de febrero de 2013, rendí mi indagatoria, dejando claro que las tres reuniones que sostuve con miembros de grupos ilegales de las Farc, ELN y AUC durante el año 2000, fueron de tipo institucionales, programadas por el presidente del Senado de la República con el fin de auscultar la viabilidad de la propuesta del ELN al gobierno nacional para decretar una zona de despeje similar a la del Caguán. La misma claridad realicé respecto de las supuestas reuniones en el departamento de Bolívar con jefes de las AUC en el 2003, para concertar apoyos electorales para la elección del gobernador de ese mismo departamento. En éste punto es importante destacar, que mientras mi responsabilidad se ha estructurado sobre imprecisos testigos de oídas, subalternos de los jefes paramilitares, son sus propios jefes quienes han señalado no conocerme ni haberse reunido en ninguna oportunidad conmigo.

Sin prueba directa alguna, mediante Acta 68 del 5 de marzo de 2013, conforme a lo previsto en el Artículo 354 de la Ley 600 de 2000, se resuelve mi situación jurídica, imponiendo medida de aseguramiento de detención prev…
[11:49:23 a. m.] Maria Camila Orozco: preventiva, sin derecho a la libertad provisional ni a reclusión domiciliaria, por la presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado, en las circunstancias de mayor punibilidad, indicadas en el Artículo 58 numeral 9 de la Ley 599 de 2000, justamente por la participación en las reuniones que anteriormente señalé como institucionales había asistido.

Me fue negada la participación para ejercer la defensa material, pues no fue posible mi traslado a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia a pesar de haberlo solicitado, para controvertir los testimonios de los desmovilizados Edwar Cobo Téllez, alias ‘Diego Vecino’; Uber Banquéz alias ‘Juancho Dique’; Manuel Antonio Castellanos, alias ‘Chino’; el abogado de las AUC, Hugo Atencia y Andrés Ricaurte Armesto, dirigente politico. Únicamente pude asistir a la declaración del exsenador Javier Cáceres Leal, pero mi participación fue parcial por lo avanzado del desarrollo de la diligencia.

La defensa solicitó practicar los testimonios de dos miembros directivos del Partido Liberal: Juan Fernando Cristo y Germán Chica, así como del también senador Aurelio Iragorry Hormaza y uno de mis escoltas, Álvaro Arrieta, pero no fueron siquiera considerados, en contraste y en fecha posterior, de oficio la Corte Suprema ordena el testimonio de la senadora Piedad Córdoba, también dirigente del Partido Liberal.

El 1 de agosto de 2013, las funcionarias de Policía Judicial que han tenido a cargo la práctica de pruebas ordenadas por de la Corte Suprema de Justicia, sin orden de trabajo previa, se desplazaron a las instalaciones de la Cárcel Modelo de Barranquilla a entrevistar a dos desmovilizados que ya habían declarado. Este desplazamiento y contacto con los desmobilizados, se hizo sin comunicar a mi defense, ni dejar constancia en el expediente de su desplazamiento. El 14 de agosto de 2013, un día antes del cierre de investigación, estas investitadoras del CTI, adscritas a la Corte Suprema, rinden el informe No. 0903, evidentemente como el cierre de la investigación se produce el 15 de agosto de 2013, nunca se pudo controvertir el contenido del citado informe, pero sí se me notifica la existencia de un cuaderno reservado con más de 56.000 interceptaciones telefónicas, interceptacion que mediante multiples escritos he requierido, sin obtener un resultado positivo, recibiendo además el argumento de que las mismas no son de interés para la investigación que se me sigue.

Es preciso señalar que a la fecha del cierre de la investigación, quedaron sin practicar pruebas solicitadas por mi defensa y las de oficio ordenadas por la misma Corte Suprema de Justicia, como fueron las del exalcalde de Cartagena, Nicolás Curi; el jefe de mí seguridad, Juan Carlos Berrío; Jorge Caballero, exsenador y la defensora del pueblo del departamento de Córdoba, Milena Andrade. La decisión del cierre de la investigación fue recurrida pero el recurso fue negado al considerar que ya se había recaudado prueba necesaria para calificar el mérito del sumario.

Desde el 5 de marzo de 2013, fecha en que se definió mi situación juridical, hasta marzo de 2014, la defensa técnica y material ha solicitado la libertad provisional y en subsidio la detención domiciliaria, con fundamento en las últimas reformas al Código Penitenciario y Carcelario y la aplicación de la Ley 1709 de 2014 o Lex Tertia, negándoseme este derecho e inaplicándose el derecho a la igualdad, porque en casos similares, la Corte Suprema de Justicia la ha concedido.

Para negarme tales beneficios, se argumenta que en este momento tengo las funciones discernidas, y en un hecho insólito, se afirma que mi entrega no fue voluntaria, a pesar de que se trató de un hecho notorio, de conocimiento público y de amplia divulgación en los medios de comunicación nacionales e internacionales, de hecho consta en el boletín informativo emitido por la Oficina de Divulgación y Prensa de la Fiscalía General de la Nación, con la que mi defensor previamente gestionó mi presentación voluntaria ante la justicia.

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